La actual crisis de COVID-19 ha dado un nuevo impulso a los cambios en la eurozona, pero las perspectivas a largo plazo siguen sin estar claras a partir de la primavera de 2021. Las normas fundamentales en las que se basa la eurozona no se han modificado. Sin embargo, se ha improvisado e innovado para reaccionar a la necesidad inducida por COVID-19 de una mayor inversión y, por tanto, de mayores niveles de deuda. Algunas normas de la eurozona, como los techos de deuda, se han suspendido temporalmente. El BCE respalda el gasto deficitario de los Estados. Con su Programa de Compras de Emergencia (PEPP), el BCE ha estabilizado los tipos de interés de los bonos del Estado garantizando la compra de los bonos del país al sector bancario. Se trata de una clara ruptura con la política aplicada a Grecia, Italia y otros países en la crisis del euro después de 2010. Esta vez no hay riesgo de impago de los Estados individuales y el diferencial de los tipos de interés no ha proliferado más.
Sin embargo, existe un diferencial que perjudica a los Estados del euro, ya más vulnerables, en la lucha contra la crisis. Y mientras los tipos de interés sean superiores a las tasas de crecimiento, la deuda pública crecerá, tanto en relación con el PIB como en cifras absolutas. Esto es un problema porque muchos estados tienen el temor fundado de que, tras la aguda crisis de COVID-19, la eurozona vuelva a castigar los altos niveles de deuda. Así, los Estados del euro, ya muy endeudados, no se atreven a gastar tanto como exigiría la crisis económica. Estados como Alemania, por otro lado, han decidido lanzar enormes paquetes de estímulo fiscal para salvar su economía. En estas condiciones, sin embargo, la consecuencia lógica es una mayor desigualdad económica en la eurozona.
El cambio más eficaz que haría que la vulnerable eurozona fuera tan resistente como cualquier otro país con su propia moneda fiduciaria habría sido la introducción de un bono único, llamado eurobono o “bono corona”. Todos los problemas específicos de la eurozona se habrían resuelto de una vez por todas: la pérdida de confianza causada en el proyecto del euro desde 2010, cuando Grecia fue enviada a la quiebra, la difusión resultante de tipos de interés insostenibles, un sistema financiero que desde entonces ha especulado contra ciertos estados, y la necesidad del BCE de estirar su mandato para defender el euro en las condiciones nombradas. Pero políticamente ha sido imposible implementar la deuda común en forma de bonos comunes, debido a los intereses divergentes a corto plazo, pero también porque este cambio fundamental probablemente necesitaría más legitimación democrática, incluyendo potencialmente cambios en los contratos europeos, cambios institucionales y referendos.
Así, en lugar de resolver los problemas en el ámbito de la eurozona, de donde proceden, la Comisión Europea tomó el relevo y tuvo una idea. Por primera vez en la historia, la propia Unión Europea asumiría una cantidad considerable de deuda. Así es como funciona. En primer lugar, la Comisión libera bonos que los bancos e inversores pueden comprar con el dinero creado por el BCE. A continuación, la Comisión dará este dinero a los gobiernos de la UE, en parte como ayuda a fondo perdido y en parte en condiciones crediticias favorables. Los Estados pueden invertir y tratar de salvar o reactivar sus economías languidecientes. De este modo, desde el punto de vista monetario, la Comisión Europea actúa como un gobierno federal que crea moneda para sus Estados, ya que algunos de ellos ya no pueden hacerlo suficientemente por sí mismos bajo el régimen del euro. Esta solución también da lugar a un endeudamiento común, que también provocarían los eurobonos, pero la ventaja es que la Unión Europea, con sus instituciones de Consejo, Parlamento y Comisión, tiene más legitimación democrática y puede avanzar más rápidamente. La desventaja es que la cantidad de dinero acordada no es lo suficientemente grande para la dimensión de la crisis y la intervención pretende ser única. No se han introducido cambios en la arquitectura de la eurozona, por lo que los Estados miembros aún tienen que encontrar una perspectiva a largo plazo.
El problema institucional de la Eurozona es que la legitimación democrática, el gasto y los posibles resultados negativos de la inflación ya no se ajustan, como ocurriría con una moneda nacional. En la eurozona, los parlamentos y gobiernos nacionales siguen siendo los agentes democráticos más legítimos y, por tanto, los que deben decidir sobre el gasto y la creación de dinero. Pero en caso de un grave exceso de gasto en algunos de los estados, la inflación podría entonces producirse también en los estados más parsimoniosos que no se beneficiaron del gasto y que tampoco pueden votar contra las consecuencias negativas del despilfarro de otro estado. Por otra parte, la Eurozona no tiene ninguna institución gubernamental con legitimación democrática que pueda decidir sobre el gasto directo en favor de los hogares y las empresas. La solución improductiva en los contratos europeos consistía en restringir totalmente el gasto, lo que también constituye una violación del espacio político democrático. La última respuesta provisional a este dilema es que la Comisión Europea se endeude. Queda por ver cómo se adaptarán más las instituciones. Desde un punto de vista económico es fácil; a nivel nacional o supranacional, hay que permitir que alguna institución gubernamental asuma la deuda, cree suficiente dinero y lo gaste en la economía real, para superar la crisis y, en el mejor de los casos, hacer que nuestro continente esté “preparado para el futuro”.
- Sobre el tema del futuro y la sostenibilidad, véase el artículo “Clima y Economía” en esta web.
