Los modelos que acabamos de analizar implican diferentes puntos de vista a la hora de tomar decisiones sobre los problemas económicos. Estas cuestiones son complicadas y constituyen para las autoridades económicas una decisión sobre qué medidas tomar cuando se producen desequilibrios. No obstante, los problemas macroeconómicos pueden abordarse con suficiente conocimiento gracias a las propuestas teóricas y a la investigación empírica. Sin embargo, las decisiones finales responden inevitablemente no sólo a los datos científicos sino también a las preferencias e ideologías de quienes las adoptan.
Y esto demuestra que la cuestión de la eficacia de las diferentes políticas económicas depende no sólo del marco de los modelos teóricos como de los objetivos que se quieren alcanzar prioritariamente. Si la política fiscal y la política monetaria fueran igualmente eficaces, los modelos pueden predecir que se conseguirá el mismo efecto aumentando la oferta monetaria o el gasto público. Sin embargo, hay un efecto distributivo evidente que no se tiene en cuenta: aunque finalmente se consiga un aumento de la producción y de la renta global, no es lo mismo si lo disfrutan, por ejemplo, los poseedores de activos rentables o los parados o pensionistas.
Hay que tener en cuenta el diferente marco institucional en el que se aplican estas dos políticas. Mientras que la política fiscal está sujeta -o al menos debería estarlo- al control directo de los Parlamentos, que son la sede de la soberanía popular, las políticas monetarias son diseñadas por los bancos centrales, instituciones mucho menos influenciadas por el control democrático, especialmente desde que se han independizado. En definitiva, resulta que todas las medidas de política económica están condicionadas por juicios de valor y supuestos ideológicos y, sobre todo, por la preeminencia de unos u otros intereses en el sistema social.
