Las respuestas a la crisis desde los años setenta, incluida la última de 2008, se han inspirado en la política económica lanzada por la revolución conservadora que se inició casi al mismo tiempo que Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos ganaban las elecciones en 1979 y 1980, respectivamente: una respuesta conservadora, neoliberal y de mercado a los problemas económicos, sociales y políticos. Ambos líderes iniciaron sus mandatos formulando dos nuevos objetivos de política económica: la reducción de la inflación y la reducción del déficit público, al tiempo que confiaban en el mercado como mecanismo para proporcionar la máxima eficiencia en los equilibrios automáticos y el individualismo en lugar de la cooperación.
La puesta en marcha de esta respuesta conservadora supuso la aplicación de una serie de políticas de ajuste estructural que eliminaron los bloqueos que afectaban a la iniciativa privada, permitiendo a las empresas recuperar beneficios y cambiar el equilibrio del poder social. Estas políticas de ajuste se centraron en la reducción de la demanda agregada, y en concreto pretendían reducir el déficit exterior utilizando los instrumentos tradicionales de la demanda ahora en sentido restrictivo: control de la oferta monetaria y del crédito, recortes del gasto público, control de los salarios y devaluación de la moneda nacional. Simultáneamente, este modelo se acompañó de medidas que relajaban las normas del mercado laboral, liberalizaban los mercados financieros y limitaban la intervención del Estado.
Estas medidas de ajuste estructural se han aplicado con mayor o menor intensidad en casi todos los países del mundo como mecanismos de corrección macroeconómica. Especialmente después de la gran crisis de 2008, la Unión Europea respondió con una intensificación de la llamada política de austeridad con la aplicación de la Troika. La Troika fue un programa impuesto conjuntamente por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a determinados países (Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, España, Hungría, Letonia y Rumanía) estableciendo instrumentos de austeridad a cambio de ayuda financiera. Para hacer frente a la deuda que la crisis había dejado al asumir los Estados la enorme factura que supuso el rescate del sector bancario, se impusieron recortes muy importantes en el gasto público y, sobre todo, en el social, tratando así de que los gobiernos no tuvieran que hacer frente a una factura tan abultada. Sin embargo, estos recortes en el gasto público supusieron un efecto multiplicador negativo mucho mayor del esperado, que en lugar de mejorar produjo un resurgimiento de la recesión en casi toda Europa, con la inevitable secuela de más paro y más deuda. Al mismo tiempo y paradójicamente, Alemania, el país que aplicó con más fuerza estas medidas de austeridad en los países mencionados, contrarrestó la crisis estableciendo paquetes de estímulo para incentivar su demanda interna.
Las medidas de austeridad se aplicaron también en los países menos desarrollados. Como se ha analizado anteriormente, a los problemas de la crisis económica le siguieron los de la deuda externa. Tras la respuesta conservadora, cuyo principal objetivo ha sido la reducción de los déficits públicos, los organismos internacionales “acudieron al rescate” concediendo préstamos que establecían estrictas cláusulas de condicionalidad. De este modo, los organismos que les concedieron la “ayuda”, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se aseguraron de que los gobiernos de los países emergentes respondieran a los principios e intereses de las grandes potencias acreedoras. Para responder a los pagos, los gobiernos se vieron obligados a reducir el consumo y las importaciones, así como el gasto público, que, según las creencias liberales imperantes, siempre se entendió como perjudicial.
Las consecuencias fueron nefastas en todas partes, pero aún más graves en los países más pobres, donde la reducción del Estado del bienestar supuso un enorme aumento de la pobreza, el desempleo y el malestar social con niveles récord nunca antes alcanzados. En resumen, hasta ahora, las políticas de austeridad han permitido a las empresas recuperar beneficios y cambiar el equilibrio del poder social, pero no han podido garantizar etapas duraderas de estabilidad y bienestar, ni han evitado grandes problemas económicos, como el desempleo masivo, el despilfarro de recursos, la pobreza y la desigualdad.
