3. Problemas relacionados con el consumo de bienes comunes y públicos

Una característica notable de los bienes públicos y comunes es que los mercados libres producen menos de lo que es socialmente deseable. Esto se debe a que los bienes públicos y comunes sufren lo que se denomina el problema del free-rider. El problema del free-rider es un tipo de fallo del mercado que se produce cuando los que se benefician de los bienes o servicios no pagan o pagan poco por ellos. Al mismo tiempo, es imposible excluir a los que no pagan de acceder a o utilizando estos bienes. Así, los bienes públicos y comunes pueden estar infraproducidos, sobreutilizados o degradarse. Además, si el coste marginal de servir a un cliente más es esencialmente cero, es socialmente óptimo ofrecer el producto a un precio cero. Por tanto, la producción de bienes públicos no es un modelo de negocio, por lo que los mercados privados no tienen incentivos para ofrecerlos.¹²

Como los bienes públicos y comunes no tienen oferta en el sentido del mercado, su precio no se forma en el mercado. Existe una demanda de estos bienes en la sociedad, como resultado de la cual se puede evaluar el valor de estos bienes. Cuanto mayor sea el valor de estos bienes en la sociedad, mayor será la demanda y mayor será la presión sobre el consumo de estos bienes, lo que en última instancia conduce a un consumo excesivo de bienes públicos y de interés general, que G. Hardin (1968) explica como “tragedia del bien común”. 

La “tragedia de los comunes” es un problema económico en el que cada individuo tiene un incentivo para consumir un recurso a expensas de otros individuos. El resultado es un consumo excesivo, una inversión insuficiente y el agotamiento final del recurso. Como la demanda del recurso supera la oferta, cada individuo que consume una unidad adicional perjudica directamente a otros que ya no pueden consumir. La “Tragedia de los comunes” se produce cuando los individuos descuidan el bienestar de la sociedad en la búsqueda del beneficio personal.¹³

El consumo excesivo de bienes públicos conduce a la contaminación y a los daños por contaminación. La contaminación es la introducción de contaminantes en el entorno natural que provocan cambios adversos o daños por contaminación. La contaminación puede adoptar la forma de sustancias químicas o de energía, como el ruido, el calor o la luz. Muchas actividades útiles para las personas producen contaminación: la quema de carbón para crear electricidad contamina el aire; tanto las industrias como los hogares generan basura y aguas residuales que pueden contaminar el suelo y el agua; los plaguicidas se filtran a las aguas subterráneas, los ríos y los lagos y dañan la vida silvestre. El aire, el suelo y el agua contaminados causan diferentes daños de contaminación, por ejemplo, diversas enfermedades humanas, daños a edificios y estructuras, destrucción de la naturaleza, etc. Los daños de la contaminación en términos monetarios se denominan costes externos. Más concretamente, un coste externo es un coste en el que incurre un individuo, una empresa o una comunidad como resultado de una transacción económica en la que no están directamente relacionados.¹⁴ Por lo tanto, un consumo excesivo de bienes públicos y comunes que provoque costes externos puede dar lugar a una reducción del bienestar de la sociedad.

Los economistas sugieren dos formas de abordar el problema del free-rider y el problema del coste externo: 

• Según el Nenfoque eoclásico, el gobierno debe organizar la conversión de los bienes públicos y comunes en bienes privados.
• Según el enfoque keynesiano, el gobierno debería organizar él mismo la distribución de los bienes públicos y comunes, utilizando diversas medidas de “mando y control”.

La decisión de cómo debe intervenir el gobierno en la provisión de bienes públicos y comunes debe basarse en un análisis de si los beneficios del consumo de esos bienes superan los costes de la imposición para la sociedad. Sin embargo, este análisis no siempre se lleva a cabo, en lugar de eso se decide por los del poder político. Los siguientes capítulos describen diferentes enfoques políticos para organizar la distribución de los bienes públicos y comunes.