2.5 Resolución de las crisis de la deuda (2): condicionalidades, ajuste estructural y recuperación económica
Incluso cuando se ofrece un alivio de la deuda -en forma de reestructuración, cancelación o moratoria- a menudo se hace con condiciones estrictas. Las condiciones impuestas a los préstamos se basan en el modelo neoliberal, según el cual la deuda excesiva se debe a un gasto público excesivo y a la incapacidad de mantener un “presupuesto equilibrado”. Sin embargo, hay muchos casos en los que los países recortan el gasto público -a menudo como resultado de las condiciones de los préstamos- pero la deuda sigue aumentando. Entre 2014 y 2016, en 39 países de ingresos bajos y medios, el gasto público en sanidad disminuyó, mientras que el gasto en el pago de la deuda aumentó.
Dado que las mujeres dependen más de los programas de protección social, las condiciones que recortan estos programas tienen un impacto desproporcionadamente grande en las mujeres. Además, las mujeres suelen trabajar en el sector público, por lo que los recortes salariales o laborales en este sector les afectan de forma desproporcionada.
Aunque se reconoce oficialmente que estas condiciones no han funcionado en el pasado, en realidad se siguen imponiendo condiciones incluso a las formas más leves de alivio de la deuda. En marzo de 2020, David Malpass, Presidente del Banco Mundial, declaró, en relación con las posibles moratorias de la deuda de los países en desarrollo afectados por Covid19, que “los países tendrán que aplicar reformas estructurales para ayudar a acortar el tiempo de recuperación y crear confianza en que la recuperación puede ser sólida. ”
Muchos activistas de la sociedad civil en favor de la justicia de la deuda se oponen a las exigencias de condicionalidad, y algunos han argumentado que sería mejor que los países que se enfrentan a emergencias humanitarias a causa de Covid19 declararan moratorias unilaterales de la deuda, que aceptaran moratorias de la deuda de los prestamistas con “condiciones” que debilitarían aún más sus servicios públicos y, por tanto, su capacidad para hacer frente al virus.
